Modelos desde el
gobierno. La Ley Federal de Consulta Popular
El gobierno peñanietista y los firmantes del Pacto por México
pasaron una ley hace un año y medio que se supondría sentaría las
bases para que los ciudadanos participen en las decisiones del
gobierno. Es, por supuesto, tan acotada que muchos podrían pensarla
como simulación. Tiene cosas que parecerían buenas: por ejemplo,
evitar que se puedan acortar derechos humanos ya conquistados. En
cuestión de Derechos Humanos, cada uno que se gana es irrenunciable.
Pero por otro lado, en cuestión de Seguridad, no se puede
opinar sobre las Fuerzas Armadas permanentes o las políticas implementadas con relación a ellas y su función (es decir, que si volviera a aparecer un presidente con
fantasías de “ganar la guerra contra las drogas”, se podría
disparar otra nueva hecatombe de desapariciones y violencia extrema,
y el pueblo continuaría de espectador). Para más inri, entre las
cosas que el pueblo consultante no puede pedir cambios se encuentran
los fundamentales: los de dinero. Los ingresos y gastos del Estado no
están a discusión. Entre estos, por supuesto, se encuentra el
financiamiento de los partidos, los sueldos de los senadores y
diputados y los altos mandos de la burocracia. Las partidas secretas.
El apoyo monetario por el día de la madre para los magistrados de la
Suprema Corte de Justicia (que, ¡pobrecitos!, no ganan lo suficiente
para ayudar a sus pobres mamás). Y etcétera. Tampoco se puede poner
a discusión la organización del Estado.
De ahí en fuera, el pueblo es libre de proponer consultas sobre
aspectos de trascendencia nacional. ¿Cuántos vienen a botepronto?
Bajar los impuestos... No, no se puede, es ingreso del Estado. ¿Hacer
exámenes de aptitud a todos los funcionarios públicos, no sólo a
los maestros? ¿Legalizar las drogas? ¿Dividir el país en
estados-regiones más funcionales? ¿Pedir que el acceso a internet
sea derecho humano? ¿Mayor matricula escolar? ¿Pedir que se
disminuya el número de diputados? (¿En realidad conviene que se
haga eso o lo que se debe reducir es su salario?) ¿Convertir a la
Secretaría de la Función Pública en un órgano autónomo?
¿Establecer un Salario Máximo a todos los ciudadanos mexicanos y un
límite máximo de ganancias a las empresas, basado en una fórmula
económica justa y distributiva, como podría
inferirse de la lectura del libro El Capital en el siglo XXI de
Picketty, para evitar la piramidación de la riqueza? ¿Que se aplique un solo reglamento de tránsito en
todo el país? ¿Qué el presupuesto sea participativo? ¿Qué se
establezcan mecanismos participativos para establecer el soberano
Poder Popular, ese mencionado en el artículo 39 constitucional, como
Primer y anterior Poder de la Unión pero que hasta ahora no tiene
reglamentación?
Al final de cuentas, el pueblo tiene dos alternativas en esa
Consulta Popular: Sí/No. Pero el hecho sólo contará si participa
el 40% del electorado en la consulta. Pongamos por caso que un grupo
de personas se pone de acuerdo para que la pregunta: “¿Debe
renunciar el presidente de inmediato?” sea llevada a consulta. Que
traspasa los filtros partidistas de las Cámaras de Senadores y
Diputados, y del Poder Judicial de la Federación (que puede o no
echar mano de la ley para indicar si ese cambio pretendido es
inconstitucional, puesto que el cargo es irrenunciable y no hay
demostración legal de que el sujeto haya cometido delito y que lo
decidido en las urnas es más representativo que su oposición).
Bastaría, una vez en la papeleta, con que quienes no apoyen la
moción eviten responder, para que el probable 30% de votos
afirmativos no alcance la cifra de participación deseada para ser
vinculatorio y quede desechada. No faltarán unos chescos y una lana
para abstenerse de votar en esa moción. La abstención será el
único NO verdadero.
Pero bueno, no se emocionen mucho con la consulta de ejemplo (a los
que les emocione esa consulta), pues en el hipotético caso de que se
efectuara, la consulta se llevaría a cabo en 2018, cuando ya no
tendrá importancia si el personaje se va, porque ya se iba de todas
formas. Aunque claro, no dejaría de ser simbólico que el sexenio
terminara en interinato...
En este esquema, las consultas verdaderamente fundamentales (pues
los partidos comenzarán a mover sus influencias en las importantes)1
tendrían que estar relacionadas con aspectos legales. Es decir, con
cambios precisos en la redacción de los contenidos de los enunciados
de las leyes. Sustituciones conceptuales específicas. Y esas las
propondrían, por supuesto, expertos pertenecientes a grupos de
interés (no necesariamente interés “capitalista”), pues el
método así planteado lo favorece. Tiene la incipiente posibilidad
de que cualquiera en el pueblo pueda convertirse en un grupo de
interés, pequeños grupos de interés pegados a la pirámide que
significan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero reduce el
despliegue de la riqueza de la totalidad de exigencias del pueblo.
Además, el método propuesto genera lentitud. Tiene que sortear
varios escollos: los de la consecución de firmas con nombre y número
de credencial de elector en un plazo que no se define en la Ley, que
lo vean bien los diputados y senadores (quienes responden a sus
propios intereses y los de sus partidos), que lo vea bien el Poder
Judicial...
Es la voz de un niño (el pueblo) al que sus padres (el gobierno en
funciones del Estado) decide, tras muchos plazos, burocratismos y
obstáculos, si lo dejará que tome una decisión. Pero como a niño,
al pueblo no se le admite que decida sobre los asuntos importantes:
el gasto y el ingreso, sobre cómo funciona la disciplina de
seguridad, sobre cómo se toman las decisiones. Las peticiones que de
la Consulta Popular emanen serán, por tanto, muy restringidas: un
paliativo del descontento, una cortina que enmascara las decisiones
fundamentales, la simulación de una democracia.
(Nota: pero al
menos la Consulta Popular ya está ahí y mal nos veríamos si la dejamos sin
usar).
1Pues
se debe recordar que no es lo mismo lo fundamental que lo
importante, aunque a veces se confundan.
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