Me parece una grave falta de discreción y reflexión que algunos compañeros y adherentes de la lucha por justicia para Ayotzinapa (y otras causas sociales) continúen viendo (casi una semana después) la explosión de una pipa de gas en un hospital materno infantil de Cuajimalpa como una cortina de humo gubernamental para encubrir el caso de los 43 desaparecidos. Es un exceso de delirio persecutorio (o una enfermedad mental desarrollada por tanta persecución verdadera).
Antes bien, el caso del hospital se ha convertido en una afrenta más, una tacha más, una raya más al tigre de nuestras tragedias cotidianas. ¿Terminarán nuestras autoridades responsabilizando sólo a los tristes operadores de la pipa (que no supieron cómo responder a la emergencia, lo que indica falta de capacitación) o compartirán la responsabilidad judicial aquellos que hicieron revisiones superficiales al vehículo y no encontraron falla alguna, o aquellos dueños de la gasera que han permitido que las fugas y explosiones sean una constante de su servicio?
Debería existir la posibilidad de que, en estos casos, cuando se descubra que la dirección de una empresa privada es incompetente para administrar recursos naturales con seriedad y responsabilidad (recursos que son "rentados" por el Estado a particulares), brindando constante capacitación a sus empleados y mantenimiento pertinente y a consciencia de sus unidades, pudiera ser removida de ese puesto y dejada la administración en manos del gobierno durante el tiempo en que dicha empresa se pueda convertir en una cooperativa. Y si continúan con sus malas prácticas probadas, definitivamente clausurar su operación.
Debería existir la posibilidad de que, en estos casos, cuando se descubra que la dirección de una empresa privada es incompetente para administrar recursos naturales con seriedad y responsabilidad (recursos que son "rentados" por el Estado a particulares), brindando constante capacitación a sus empleados y mantenimiento pertinente y a consciencia de sus unidades, pudiera ser removida de ese puesto y dejada la administración en manos del gobierno durante el tiempo en que dicha empresa se pueda convertir en una cooperativa. Y si continúan con sus malas prácticas probadas, definitivamente clausurar su operación.
Pretender que toda desgracia que acontece en el país es fruto de la mente omnisciente del Gran Titiritero de los Complots (sea éste reptiliano, priísta o capitalista), creo que apunta más a una paranoia de índole megalomaniaca que a una lectura en su adecuada dimensión de cada desgracia. Aquí, por el contrario, también se requiere justicia y un deslinde de responsabilidades tanto privadas como gubernamentales.
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